El procesamiento –el primero por corrupción que afronta el expresidente- fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.

Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces bridaba servicios de abogado y lobista).

De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.

Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.